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Entrevista a Joan Sans, presidente de la Federació Catalana d’Estanquers y presidente del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona sobre el futuro del estanco: nuevas normas, sostenibilidad y el papel clave del canal regulado.
La red de estancos vive un momento decisivo. Con la modificación de la Ley 28/2005 y el anuncio de cambios en el Real Decreto 579/2017, el sector reclama claridad normativa, seguridad jurídica y un diálogo real con la Administración. Todo ello en un contexto en el que seguimos rigiéndonos por una legislación del tabaco obsoleta, que data de 1998, y que ya no refleja la realidad actual del mercado ni las nuevas categorías de productos. Conversamos con Joan Sans, presidente de la Federació Catalana d’Estanquers y a su vez del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona, que asume el cargo tras suceder a Eugeni Rodríguez, presidente del Gremi d’Estanquers de Lleida, en la presidencia rotatoria de la entidad.
La Federació Catalana d’Estanquers es la institución con mayor representatividad del sector en Cataluña. Agrupa a los cuatro gremios provinciales —Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona—, y todos ellos forman parte de la Unión de Estanqueros de España. Esto nos permite actuar de forma coordinada tanto a nivel autonómico como estatal.
Nuestra misión es defender los intereses de los estanqueros catalanes y garantizar que este canal concesional siga siendo un espacio seguro, regulado y útil para la sociedad. Representamos al colectivo ante las administraciones y trabajamos para que el estanquero tenga voz y respaldo, impulsando iniciativas y colaboraciones que aporten valor a su actividad y refuercen su papel como agente económico y social de proximidad.
La Ley 28/2005 iguala el consumo de los nuevos productos al del tabaco, y la modificación del Real Decreto 579/2017 plantea prohibir los sabores y reducir los niveles de nicotina en las bolsas de nicotina. Pero el planteamiento parte de una base equivocada: se quiere intervenir sobre el consumo sin actuar antes —o al mismo tiempo— sobre el mercado real y los canales de acceso.
Hoy el problema más serio no está en los puntos de venta regulados, sino en internet, redes sociales y canales no controlados, donde los menores acceden sin supervisión. Si esa realidad no se afronta de forma directa, las restricciones se quedarán en papel mojado y no cumplirán el objetivo declarado de proteger a los jóvenes.
Por eso, la prioridad debe ser ordenar el mercado real, controlando dónde se venden estos productos, quién los comercializa y garantizando que solo estén disponibles en canales responsables. En España, por razones de salud pública y protección del menor, la venta de tabaco está reservada a la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, que ya han demostrado sobradamente su eficacia en la verificación de edad y el cumplimiento normativo. Por tanto, estos productos deben venderse exclusivamente en estancos.
Además, muchos de estos canales irregulares tampoco cumplen con la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que introduce un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados. Esto evidencia que el problema no es solo sanitario, sino también fiscal y de control de mercado: mientras unos cumplen todas las obligaciones, otros operan al margen sin consecuencias.
Nuestra posición es clara: máxima protección al menor, trazabilidad y control fiscal y sanitario. No hablamos de un tema comercial, sino de salud pública y responsabilidad.
Al mismo tiempo, debemos reconocer una realidad: hay adultos que han dejado el tabaco tradicional y buscan alternativas. Si se les impide acceder a estos productos de forma legal y controlada, acabarán recurriendo al mercado ilícito o a canales sin garantías. Esa situación no protege a nadie, ni al consumidor ni al sector.
Nosotros defendemos una regulación basada en el control y no en la prohibición, ya que la prohibición o el control inadecuado de productos de alta demanda no frena su consumo, sino que fortalece el mercado ilegal. La reducción efectiva del tabaquismo requiere una estrategia basada en educación y concienciación, que respete la capacidad de decisión informada de cada ciudadano.
La Federació Catalana d’Estanquers ha presentado observaciones tanto al Anteproyecto de Ley del tabaco como al proceso de consulta pública del Real Decreto 579/2017 en nombre de los cuatro gremios.
Creemos firmemente en la colaboración institucional y en el trabajo constructivo. Solo a través del diálogo y del intercambio técnico se pueden elaborar normas realistas, eficaces y sostenibles para todos.
Los estancos somos pequeñas empresas, comercios de proximidad y, en muchos casos, negocios familiares que generan empleo y actividad económica en todo el territorio. En Catalunya existen más de 1.400 estancos en los que trabajan directamente 3.000 personas. Cuando no existe estabilidad normativa, resulta muy difícil invertir, planificar o mantener puestos de trabajo.
No pedimos privilegios, pedimos reglas claras, seguridad jurídica y una regulación coherente que permita desarrollar nuestra labor con previsión y confianza. El estanco necesita un marco estable para seguir siendo un modelo de gestión pública eficaz, con garantías para el consumidor y con un papel activo en la economía local.
Desde la Federació Catalana d’Estanquers hemos apostado de forma decidida por incorporar la sostenibilidad como una línea estratégica de trabajo. Un ejemplo claro es el plan de recogida de dispositivos de vapeo, impulsado en Cataluña junto con la Agència Catalana de Residus y Logista. Nació como una experiencia piloto y hoy ya cuenta con más de 200 estancos adheridos, con la previsión de extenderse a todo el territorio catalán y, posteriormente, al resto de España.
Es una muestra de cómo nuestro sector puede adaptarse a los nuevos tiempos, contribuir a la sostenibilidad y reforzar su valor social y económico.
En muchos municipios pequeños, el estanco es mucho más que un punto de venta: es un servicio de proximidad, un lugar de confianza y, en muchos casos, el único comercio abierto todo el año. Representa una red de contacto directo con la ciudadanía y cumple una función social que va más allá de la actividad económica.
Desde la Federació Catalana d’Estanquers defendemos especialmente este modelo de estanco rural, que contribuye a mantener la vida en los pueblos y a garantizar la igualdad de acceso a los servicios. Trabajamos para que estos establecimientos puedan ampliar su papel social, gestionando trámites o servicios de utilidad pública, como el pago de tasas autonómicas o municipales. Queremos que el estanco sea reconocido como un verdadero punto de servicio público de proximidad.
Imaginamos un estanco moderno, seguro y plenamente integrado en la vida de la ciudadanía. Un modelo que mantenga su esencia de servicio público, pero que avance hacia una mayor digitalización, más diversificación de servicios y una relación más cercana con la administración y el consumidor.
Desde la Federació Catalana d’Estanquers trabajamos para que ese futuro sea una realidad: un estanco adaptado a los nuevos hábitos de consumo, con más herramientas tecnológicas, formación y apoyo institucional. Queremos un canal concesional sólido y actualizado, que siga siendo un referente de confianza, transparencia y servicio en cada barrio y en cada pueblo.

La Federació Catalana d’Estanquers es hoy la voz que representa y defiende al conjunto del estanco catalán. Desde los gremios provinciales trabajamos de forma coordinada para proteger un modelo concesional que ha demostrado ser eficaz, transparente y útil para la sociedad, además de ser garante de la prevención de acceso de los menores a productos destinados para adultos.
Por eso es esencial estar agremiado. Cada estanquero que se suma refuerza la capacidad de la Federació para defender el futuro del sector. Y este futuro pasa por tener una regulación adecuada que defienda la sostenibilidad de las pymes que lo forman. Necesitamos una regulación que siga los cauces legales de aprobación y legitimidad. El real decreto que el gobierno pretende aprobar no lo hace y se salta la voluntad de la ciudadanía que debe expresarse por una ley, y, por eso se han iniciado los debates sobre la ley del tabaco que han de ser constructivos e integradores donde quede reflejada la participación de todos los actores implicados, desde sanidad, los consumidores, los distribuidores y los fabricantes.
Solo trabajando juntos podremos garantizar que el estanco siga siendo un pilar del comercio regulado y sostenible, de protección del menor y del servicio al ciudadano, e integrado en el tejido económico y social.
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