TABACO: ENTRE LA VOLUNTAD DE PROHIBIR Y LA REALIDAD DEL CONSUMIDOR (PARTE II)

El consumidor adulto también forma parte de la realidad del mercado. Regular el tabaco exige proteger la salud, pero también evaluar las consecuencias reales de cada medida.

El consumidor adulto también existe

Hay otra realidad que frecuentemente queda fuera del debate.

Millones de ciudadanos adultos continúan consumiendo productos del tabaco y de nicotina a pesar de conocer sus riesgos.

Las políticas públicas pueden intentar reducir ese consumo mediante información, prevención, fiscalidad y regulación.

Pero también deberían preguntarse qué ocurrirá si las nuevas restricciones que se plantean generan una distancia cada vez mayor entre la regulación y el comportamiento real del consumidor.

Porque el consumidor no desaparece por decreto.

Mientras continúe existiendo demanda, habrá quien intente satisfacerla.

La cuestión fundamental es quién queremos que lo haga.

¿Un establecimiento legal, regulado, fiscalizado y obligado a cumplir estrictas normas?

¿O un mercado clandestino que opera completamente al margen de ellas?

Leer: TABACO: ENTRE LA VOLUNTAD DE PROHIBIR Y LA REALIDAD DEL CONSUMIDOR (PARTE I)

El consumidor no desaparece por decreto. Mientras continúe existiendo demanda, habrá quien intente satisfacerla.

Francia: un caso que debería invitar a la reflexión

Algunos mercados europeos muestran hasta dónde puede llegar el problema.

Según los últimos datos disponibles de KPMG, en Francia el consumo ilícito habría alcanzado en 2025 el 41,4% del consumo total de cigarrillos.

Bélgica estaría en el 24,8% y Países Bajos en el 22,1%.

Son cifras suficientemente importantes como para prestar atención a la magnitud del fenómeno.

Francia, además, lleva años desarrollando políticas fiscales y regulatorias muy restrictivas sobre el tabaco.

Esto no demuestra por sí solo que las restricciones sean la causa del comercio ilícito.

El fenómeno depende también de precios, diferencias fiscales entre países, capacidad policial, proximidad geográfica, redes criminales y otros muchos factores.

Pero sí obliga a formular una pregunta:

¿Existe un punto a partir del cual determinadas políticas generan incentivos suficientes para que una parte de los consumidores busque alternativas fuera del mercado legal?

Ignorar esa pregunta tampoco ayudará a combatir el tabaquismo.

Una brecha entre la norma y la realidad

Existe un riesgo cuando las políticas públicas avanzan en una dirección mientras una parte importante de los ciudadanos continúa comportándose de otra.

Se crea una brecha entre la norma y la realidad social.

El tabaco es un producto legal consumido por adultos. Reconocer esta realidad no significa ignorar sus riesgos ni renunciar a las políticas de prevención.

Significa aceptar que las políticas públicas también deben tener en cuenta cómo se comportan realmente las personas.

Si una medida no consigue eliminar una determinada conducta y acaba desplazando una parte de ella hacia canales sin control, sus resultados deberían ser analizados.

Porque el objetivo debería ser reducir los daños y proteger al ciudadano, no trasladar involuntariamente una actividad desde un mercado controlado hacia otro que no lo está.

Regular sí, pero evaluando las consecuencias

El debate no debería plantearse entre regulación o ausencia de regulación.

El tabaco debe estar regulado.

Los menores deben estar protegidos.

El consumidor debe conocer los riesgos.

Y las autoridades deben desarrollar políticas de salud pública.

Pero regular bien significa también evaluar las consecuencias de cada decisión.

Antes de introducir una nueva prohibición habría que preguntarse qué efecto real tendrá, cómo reaccionará el consumidor, qué impacto puede tener sobre el comercio ilícito y si existen alternativas que permitan alcanzar el mismo objetivo sanitario sin fortalecer involuntariamente los circuitos clandestinos.

Porque hay una cuestión que a menudo olvidamos:

La eficacia de una política pública no debería medirse por el número de prohibiciones aprobadas. Debería medirse por sus resultados.

Escuchar también al sector y al consumidor

Existe en una parte del sector la sensación de que las decisiones se adoptan sin escuchar suficientemente a quienes conocen diariamente la realidad del mercado.

Los estanqueros hablan cada día con millones de consumidores.

Conocen sus hábitos, sus cambios de comportamiento y sus reacciones ante las subidas de precios o los cambios regulatorios.

Esa experiencia también debería formar parte del debate.

No para sustituir los criterios sanitarios.

Sino para complementarlos con la realidad.

Y también debería escucharse al consumidor adulto responsable.

Una sociedad puede informar, prevenir y regular determinados hábitos sin dejar necesariamente fuera del debate a quienes los practican legalmente.

Escuchar no significa compartir. Significa conocer la realidad sobre la que después se pretende legislar.

Esta vez no ha ocurrido, pero el debate volverá

La reforma que ha protagonizado durante meses el debate sobre el tabaco no ha llegado finalmente a completar su recorrido.

Pero sería ingenuo pensar que con ella desaparece también la voluntad política y regulatoria que existe detrás de muchas de sus propuestas.

En España y, especialmente, en Europa continuarán planteándose nuevas iniciativas.

Por eso el sector debería aprovechar este momento no simplemente para respirar aliviado, sino también para prepararse.

Prepararse significa aportar datos.

Explicar las consecuencias.

Defender el papel del canal legal.

Escuchar al consumidor.

Y participar en el debate antes de que las decisiones estén tomadas.

Porque cuando vuelvan a plantearse nuevas restricciones, la discusión no debería limitarse únicamente a qué más podemos prohibir.

También debería preguntarse qué consecuencias puede tener hacerlo.

El mercado ilegal no pide permiso

Mientras gobiernos, parlamentos, autoridades sanitarias, fabricantes, estanqueros y organizaciones sociales discutimos sobre cómo debe regularse el mercado legal, el mercado ilegal continúa funcionando fuera de todas esas reglas.

No paga impuestos.

No respeta restricciones.

No responde ante el Comisionado.

No garantiza la procedencia del producto.

No protege al menor.

Y detrás de una parte de ese negocio existen organizaciones criminales internacionales.

Por eso quizá haya llegado el momento de ampliar el debate.

La pregunta no puede ser únicamente:

¿Qué más podemos prohibir?

También deberíamos preguntarnos:

¿Cómo conseguimos que aquello que continúa consumiéndose permanezca dentro de un mercado legal, controlado y fiscalizado?

Proteger la salud pública y combatir el mercado ilícito no deberían ser objetivos enfrentados.

Al contrario.

Una regulación eficaz debería ser capaz de hacer ambas cosas.

Porque cuando una prohibición simplemente desplaza una actividad en lugar de eliminarla, el problema no desaparece.

Solo cambia de manos.