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El consumo de tabaco fuera del canal legal casi se duplica y deja una pérdida fiscal estimada de 467 millones de euros.
El mercado regulado vuelve a enfrentarse a una cifra alarmante.
Durante el primer semestre de 2025, el consumo de tabaco no doméstico alcanzó el 10,2% del total en España, frente al 5,2% registrado un año antes.
La estimación difundida por Altadis-Imperial Brands calcula una pérdida de recaudación de 467 millones de euros.
Esta categoría incluye producto ilícito, falsificado y compras realizadas fuera del mercado nacional.
Mientras el estanco cumple impuestos, trazabilidad y controles de edad, una parte creciente del consumo escapa del canal legal.
El problema ya no se limita a cajetillas introducidas clandestinamente por las fronteras.
Las organizaciones criminales han instalado auténticas fábricas industriales dentro del país.
En junio, la Guardia Civil intervino 11 millones de cigarrillos y ocho toneladas de picadura en una operación contra la falsificación.
Un mes después, fueron desmanteladas seis fábricas con más de 20 millones de cigarrillos, 38,4 toneladas de tabaco y 50 detenidos.
España no solo recibe tabaco ilegal: también se ha convertido en territorio de producción para redes internacionales.
El artículo de OKDIARIO recoge críticas de fuentes vinculadas a la Guardia Civil ante una política centrada en prohibiciones mientras aumenta el comercio ilícito.
Las restricciones no provocan automáticamente contrabando.
Sin embargo, una regulación desproporcionada, una fiscalidad desequilibrada y una vigilancia insuficiente pueden ampliar la diferencia entre el producto legal y el clandestino.
Cada venta ilegal supone menos ingresos públicos, menos ventas para el estanco y más financiación para las organizaciones criminales.
La Agencia Tributaria intervino durante 2025 más de nueve millones de cajetillas y 123 toneladas de picadura y otras labores del tabaco.
Las operaciones demuestran que existe respuesta policial, pero también reflejan la dimensión alcanzada por el problema.
El canal legal necesita más inspecciones, cooperación internacional, vigilancia en Internet y sanciones contra quienes fabrican o venden sin autorización.
Antes de imponer nuevas cargas al comercio regulado, es imprescindible cerrar el espacio que está ganando el mercado ilegal.
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