A partir de enero de 2025, el tabaco y los vapeadores tendrán nuevos impuestos en España. ¿Qué implica esta medida? ¡Te lo contamos todo!
Mientras todo el país está con los ojos puestos en las zonas afectadas por la Dana, desde aquí mucho ánimo a todos los compañeros afectados, el Congreso pone en el punto de mira al tabaco y a los vapers. Ayer, en una sesión decisiva, se debatió la próxima subida de impuestos para estos productos, prevista para enero de 2025. Esta medida, impulsada por el Gobierno, forma parte de una amplia reforma fiscal que busca asegurar mayores ingresos y, a la vez, disuadir el consumo de productos con nicotina, especialmente entre jóvenes. No es solo el tabaco: los líquidos para vapeadores y las bolsas de nicotina también tendrán una carga fiscal específica, fijada en función de su contenido de nicotina.
Un golpe a los vapeadores y bolsas de nicotina
Entre las novedades anunciadas, destaca un impuesto específico para los cigarrillos electrónicos. Según el texto propuesto, los líquidos para vapeadores que contengan hasta 15 mg de nicotina por mililitro pagarán 0,15 euros por mililitro. Para aquellos que superen esa concentración, el impuesto subirá a 0,20 euros. Además, las bolsas de nicotina tendrán una tarifa de 0,10 euros por gramo.
El Gobierno justifica esta medida como una respuesta a la creciente popularidad de estos productos entre adolescentes y jóvenes adultos.
Aumento en los impuestos del tabaco tradicional
A la par de la regulación sobre vapers, el tabaco tradicional también será objeto de un aumento impositivo. Los impuestos específicos se elevará, mientras que el tipo proporcional (relacionado con el valor de venta) se reducirá, en un intento de unificar la tributación y asegurar más ingresos para las arcas públicas. Para los estanqueros, esto representa un nuevo reto, ya que el impacto de esta subida podría desincentivar a algunos consumidores… o empujarlos hacia el mercado negro.
Reflexión: Consecuencias evitables
No es la primera vez que el precio del tabaco se incrementa con la intención de reducir el consumo. Con cada subida, el contrabando encuentra un terreno fértil en el que crecer, mientras que el mercado legal lucha por mantenerse en pie. En lugar de reducir el consumo, este aumento de precios ha demostrado ser, en demasiadas ocasiones, un incentivo para que los consumidores busquen alternativas en el mercado ilícito, afectando no solo a los ingresos del Estado, sino también a los riesgos para los consumidores, a la estabilidad de miles de negocios en España y a la proliferación de mafias.
La experiencia de otros países, muestra que este tipo de políticas requieren una gestión cuidadosa para evitar que las buenas intenciones terminen siendo un problema añadido para el sector legal.