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La sociedad tiene claro qué le preocupa… y el vapeo no está entre esas prioridades. Entonces, ¿por qué centrar ahí el esfuerzo político?
Un nuevo informe elaborado por la consultora 40dB analiza por primera vez en profundidad la percepción social sobre los productos sin combustión y su futura regulación. El estudio, presentado este mes de julio, incluye una encuesta a casi 3.000 adultos en España, con especial atención a fumadores y consumidores de nuevas categorías como el vapeo, el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina.
Los resultados dejan datos que no pueden pasar desapercibidos para quienes trabajan cada día detrás del mostrador de un estanco. Hoy arrancamos una serie de artículos para desgranar sus claves. Empezamos por una de las preguntas más incómodas: ¿realmente es tan urgente regular el vapeo como parece?
Cuando se pregunta a los españoles por las prioridades del Ministerio de Sanidad, la respuesta es clara: el vapeo está a la cola. El 72,4% de la población sitúa la regulación de estos productos como la última o penúltima prioridad del Ministerio.
Muy por delante se encuentran otras preocupaciones sociales: reforzar la atención primaria, mejorar la salud mental o fomentar hábitos saludables. Todo indica que, para el ciudadano medio, hay temas mucho más importantes que legislar sobre productos sin combustión.
La encuesta subraya un consenso casi unánime: más del 84% de los encuestados prioriza la atención sanitaria básica y la salud mental. Esta percepción es especialmente fuerte entre determinados votantes: el 92,7% de los votantes de Sumar y el 89,1% de los del PSOE comparten esta jerarquía de prioridades.
Otro dato que llama la atención: ni quienes consumen productos sin combustión ni quienes siguen fumando están al tanto de la propuesta regulatoria. Según el informe, 7 de cada 10 usuarios de productos THR y 8 de cada 10 fumadores de tabaco tradicional nunca han oído hablar del decreto del Ministerio.
Es decir, ni los que ya han dado el paso hacia alternativas ni los que podrían darlo están recibiendo información clara sobre lo que se prepara. ¿Falta de comunicación institucional? ¿Desinterés ciudadano? Sea cual sea la causa, el resultado es claro: la nueva regulación apenas ha calado entre quienes más directamente se verán afectados.
En este escenario, los estancos aparecen como un canal clave para informar con responsabilidad, especialmente en un contexto donde el 60% de los consumidores piden más información. Más allá del debate político, el punto de venta autorizado sigue siendo un espacio de confianza para resolver dudas y ofrecer alternativas legales y seguras.
Con una regulación aún en construcción, conocer cómo respira la sociedad puede ayudar a todos los actores —estancos incluidos— a prepararse para lo que viene sin precipitaciones… ni prejuicios.
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