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España planea prohibir sabores, igualar vapers al tabaco y más. Australia ya lo hizo… y fracasó. Descubre por qué no deberíamos repetirlo.
España se asoma a una reforma profunda en la regulación del tabaco y los nuevos productos. Entre las medidas sobre la mesa están la prohibición de sabores en vapers, la equiparación normativa de los nuevos productos con el cigarrillo tradicional, la posible regulación restrictiva de las bolsitas de nicotina, e incluso la prohibición de fumar o vapear en terrazas.
Medidas ambiciosas, pero… ¿eficaces?
Antes de decidir a toda prisa, conviene observar qué ha ocurrido en otros países que ya siguieron ese camino. Y entre todos los casos, Australia se ha convertido en una advertencia clara.
Australia lanzó un paquete de medidas duras: restricciones al vapeo, sabores limitados, empaquetado estandarizado y subidas de impuestos al tabaco. Todo con la intención de proteger la salud pública.
Pero la implementación fue precipitada y mal coordinada, según denuncian expertos en salud, economía y reducción de daños. Faltó diálogo con los canales de venta legal, faltó información al consumidor y faltó un plan para sostener la transición.
El precio del tabaco legal superó los 30 euros por paquete (50 AUD). Sin embargo, el número de fumadores adultos se mantiene estable en torno al 11 % desde 2019. No hubo grandes cambios en el consumo… pero sí un enorme desplazamiento hacia el mercado ilegal.
Además, la recaudación fiscal cayó a la mitad: de 16.300 millones AUD en 2019–20 a solo 7.400 millones AUD previstos para 2024–25. Un agujero para las arcas públicas que ha obligado a destinar más recursos a seguridad, sin frenar el problema.
Las restricciones al vapeo empujaron a los consumidores hacia canales clandestinos. Mientras las ventas legales no superan las 6.000 unidades al mes, el mercado negro mueve más de 10 millones de vapes ilegales cada mes.
Los jóvenes siguen vapeando, pero ahora fuera de cualquier control sanitario, fiscal o educativo. El resultado: más exposición al riesgo y cero trazabilidad.
La prohibición ha abierto la puerta al crimen organizado. En Melbourne, desde 2023, se han registrado más de 125 incendios provocados en tiendas vinculadas al contrabando de tabaco. Hay más de 100 detenidos y la policía ha calificado el fenómeno como una “guerra de mafias”.
España sopesa medidas similares: prohibir sabores, equiparar nuevos productos al cigarrillo tradicional, regular de forma estricta las bolsitas de nicotina o prohibir fumar en terrazas. La intención puede ser buena.
Pero si se imponen sin un plan realista, sin canales seguros y sin evaluar el impacto, pueden generar justo lo contrario: más contrabando, más consumo descontrolado y menos efectividad sanitaria.
Un estanco no puede competir con quien no paga impuestos ni cumple normas. Y si se bloquea el canal legal, el cliente no desaparece. Simplemente se va… al lado oscuro.
Australia intentó reducir el humo. Pero acabó alimentando el fuego.
España aún está a tiempo de regular con cabeza, no con prisas.
Con puntos de venta responsables. Con productos alternativos trazables. Con políticas fiscales que no ahoguen el canal legal.
Porque cuando las prohibiciones se aprueban sin estrategia… el único que gana es el mercado negro.
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