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El Parlamento francés frena la nueva tasa al vapeo y apuesta por una fiscalidad coherente con la reducción del daño. ¡No pierdas detalle!
En plena ola regulatoria en Europa, Francia acaba de dar un paso que invita a la reflexión.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha rechazado el nuevo impuesto al vapeo que el Gobierno quería incluir en los presupuestos de 2026, apostando —al menos por ahora— por una fiscalidad más sensata.
El Gobierno francés había propuesto una tasa de entre 0,30 y 0,50 euros por cada 10 ml de e-líquido, según la concentración de nicotina.
Una forma elegante de decir: “paguemos por dejar de fumar”.
Pero los diputados de la comisión se rebelaron. Literalmente.
Y votaron en contra, argumentando que el vapeo no puede tratarse igual que el tabaco.
Porque, aunque tenga riesgos, no quema, no produce alquitrán y ayuda a muchos fumadores a abandonar el cigarrillo tradicional.
Un mensaje claro: no todo lo que echa vapor merece castigo fiscal.
El resultado provisional es contundente: el gravamen queda en cero euros para 2026… si el pleno no lo revierte.
Francia presenta así una postura más alineada con la reducción de riesgos que con la recaudación.
Y aquí viene la parte interesante: Mientras España prepara una nueva Ley Antitabaco que podría equiparar todos los productos, nuestros vecinos han preferido marcar distancia.
No por indulgencia, sino por racionalidad sanitaria.
El mensaje es simple: si el vapeo evita que la gente fume, no tiene sentido ponerle trabas fiscales.
En paralelo, el proyecto francés también plantea prohibir la venta online de vapeadores y exigir licencias a las tiendas especializadas, equiparándolas a los estancos.
Estas medidas aún están en debate parlamentario.
El alivio fiscal, por tanto, es solo temporal.
La decisión final se tomará en las próximas semanas, cuando el pleno de la Asamblea vote el texto completo del presupuesto.
Este movimiento francés abre una grieta en el discurso uniforme que equipara todo con el tabaco.
Y demuestra que se puede legislar con matices.
Más allá del resultado final, la lección es clara: la coherencia fiscal, la reducción del daño y la defensa del canal regulado no deberían ser un debate político, sino una cuestión de sentido común.
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