El Gobierno se replantea la nueva ley del tabaco

Tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Gobierno podría estar replanteándose algunos de los conceptos fundamentales de la nueva Ley del Mercado de Tabacos y Productos Relacionados que, recordemos, aún está en fase de anteproyecto.

Una de las ideas básicas que contemplaba el Gobierno era equiparar los cigarrillos electrónicos, vapeadores, y líquidos a las labores de tabaco —las ‘otras formas de fumar’, decían. Se trataba de meterlo todo en el mismo saco: sujetarlo a monopolio —tras un periodo de transición, solo se venderían en estancos—, ponerle un precio fijo, impuestos especiales, y sujetarlo al margen legal del 8,5 %. Pero como ya avanzamos, el plan gubernamental recibió una buena tunda de la CNMC. Podéis consultar la noticia aquí.

La actual regulación del cigarrillo electrónico —ley recogida en el RD 579/2017, que traspuso la Directiva Europea 2014/40/UE (DPT)— se ha quedado muy corta. Desde ese ya lejano 2017 hemos apreciado las muchas carencias de la norma, empezando por el descontrol en los puntos de venta, la falta de un impuesto específico como el que existe en el resto de estados europeos, la regulación de la publicidad, y la falta de control en la venta a menores. Es cierto que todos esos problemas se solucionarían incluyendo los cigarrillos electrónicos en el monopolio del tabaco, pero ¿a qué coste? Es un producto que exige ser regulado, de eso no cabe duda; que merece una mayor carga fiscal, también —incluso igual a la del tabaco, si se quiere—, y que exige un control sobre su publicidad y venta.

La Comisión de Salud Pública ya advirtió en su informe de mayo de 2019, tan solo dos años después de aprobarse la ley, sobre la necesidad de:

• Equiparar las prohibiciones sobre el consumo, publicidad, promoción y patrocinio de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSLN) a las de los productos de tabaco.
• Regular la comercialización y puntos de venta de los DSLN y sus envases de recarga.
• Equiparar la fiscalidad de los productos relacionados con el tabaco, como los DSLN, a la de las labores de tabaco.

Para hacer todo esto bastaría con una modificación del RD 579/2017 y una normativa fiscal, sin necesidad de monopolizar, de sujetar nada a precios del BOE y a márgenes legales. Cuando se demanda una determinada regulación del mercado —como hace en este caso Sanidad— hay que procurar no crear efectos restrictivos innecesarios. Es una premisa básica. No matar moscas a cañonazos.